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RESUMEN
DEL INFORME
GLOBAL TI
SOBRE LA
CORRUPCIÓN 2005
La
corrupción en el sector de la construcción Naturaleza
y dimensión del problema
Según repetidas encuestas, la corrupción es más
importante en la construcción que en cualquier otro sector de la economía.[1]
La dimensión de la corrupción gana envergadura por la dimensión y el alcance
del sector, que va desde la infraestructura de transporte y usinas, hasta
hogares. La corrupción afecta a actores privados y públicos mientras compiten
por su cuota del mercado de la construcción mundial que alcanza unos 3,200
trillones de dólares al año. Este mercado representa alrededor del 5–7% del
PBI de los países desarrollados y en desarrollo avanzados, y del 2–3% del PBI
en países en desarrollo de menor ingreso.[2]
Las prácticas corruptas abundan en
todas las fases de los proyectos de construcción. Algunos proyectos no hubieran
siquiera llegado a la etapa de planificación sin la motivación de la corrupción;
la adjudicación de contratos de construcción por lo general se ve manchada por
la corrupción, así como también los proyectos de mantenimiento implementados
una vez finalizada la construcción. Una licitación podría volverse objeto de
corrupción debido a la presión internacional. A través de ofertas de armas y
ayuda, el gobierno de un país desarrollado podría influir en un país en
desarrollo para asegurarse de que una empresa de un país desarrollado sea
adjudicataria de un proyecto, aunque no sea la mejor opción o la menos costosa.
Algunas
características hacen que el sector de la construcción sea más propicio para
los actos de corrupción, entre ellas: la gran competencia por contratos a gran
escala; los numerosos permisos y aprobaciones oficiales; el carácter único de
algunos proyectos que hace difícil comparar los precios; las oportunidades de
demora y excesos; y el hecho de que la calidad del trabajo se vea rápidamente
ocultada por el hormigón, y el yeso y los revestimientos. Los proyectos son
ejecutados por decenas, a veces, cientos de subcontratistas de menor escala lo
que genera un laberinto de transacciones difíciles de supervisar.
La
corrupción en la construcción tiene también un costo directo sobre la vida.
Los proyectos de construcciones deficientes, manchadas de sobornos, afectan y
cobran vidas en áreas de terremotos. Los corruptos tienden a poner el beneficio
personal por sobre el bienestar de los otros, claramente demostrado en el caso
del ganador de los Premios a la Integridad de TI 2004, Satyendra Dubey,
asesinado poco después de exponer su preocupación sobre las prácticas
corruptas dentro de la Autoridad Nacional de Autopistas en India. El
papel del financiamiento internacional
(BMD)
tales como el Banco Mundial, mientras que las agencias de crédito a la
exportación (auspiciadas por el gobierno) con inversión privadas (ACE) a
menudo financian proyectos a gran escala. El impacto que todos estos grupos podrían
tener en la corrupción resulta enorme, y la influencia de los BMD va más allá
de las vastas sumas de dinero que realmente invierten (el Banco Mundial planea
gastar unos 7.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura a lo
largo de 2005) dado que actúan como catalizadores de un mayor apoyo financiero
proveniente del sector privado, y ayudan a establecer políticas de
infraestructura en países en desarrollo. Mientras que
los BMD han comenzado la confección de una lista negra de empresas con
conductas corruptas probadas, la participación de los BMD, no garantiza
que el proyecto se vea libre de corrupción. Las ACE han mostrado menor intención
de luchar contra la corrupción, a menudo no logran aplicar medidas anticorrupción
diligentes aún en las extrañas instancias en que tales medidas existan.
Los BMD y las ACE han comenzado a
reconocer el problema de la corrupción en parte debido a la presión externa de
las ONG. Las medidas consideradas incluyen la inhabilitación de empresas
culpables de fraude y corrupción, estrictas normas de compras, y mejor gestión
financiera y de control. Hay muchas cosas que mejorar aún. Se necesita mayor
supervisión, canales seguros para los informantes,
mejor divulgación de normas de transparencia y mayor promoción de la
participación pública.
Las
empresas que pagan sobornos para obtener contratos internacionales deberían ser
sancionadas y registradas en la lista negra, independientemente de dónde se
cometa el delito. Sin embargo, aún en lugares donde se ha implementado una
arquitectura legal nacional para juzgar los actos de corrupción, las empresas
han logrado zafar del proceso. La tenacidad con la que los fiscales en el
empobrecido país africano de Lesotho han perseguido a grandes empresas
occidentales por pago de sobornos para construir una planta hidroeléctrica de
8.000 millones de dólares ha demostrado esa tendencia. Seguido a la causa
llevada a cabo en Lesotho, el Banco Mundial logró revertir una sentencia
anterior de no inhabilitar una de las empresas involucradas, la empresa
canadiense de ingeniería Acres International, y podría implementar
procedimientos similares de inhabilitación contra empresas que están siendo
juzgadas en la actualidad, incluyendo la empresa alemana Lahmeyer, Spie
Batignolles de Francia, e Impregilo de Italia. Los costos de la corrupción
La corrupción en el sector de
la construcción no sólo saquea las economías, también les da forma. Al
reconocer el problema de la corrupción en el sector de la construcción,
los tomadores de decisiones presupuestarias podrían torcer los gastos del
sector para evitar las pérdidas. Alternativamente, si los que toman las
decisiones son en sí corruptos, podrían decidir gastar más en infraestructura
para incrementar las oportunidades de obtener beneficios personales. En la etapa
de instalación, la corrupción reduce los gastos en
infraestructura a la vez que reduce la productividad de la misma. La corrupción
también aumenta el costo operativo de la infraestructura de servicios, reduce
su calidad y acceso a ellos, en especial para los más pobres.
El costo de la corrupción en
el sector de la construcción y la ingeniería no se limitan al dinero. El daño
causado por los desastres naturales tales como los terremotos se ve incrementado
en lugares donde las prácticas corruptas comienzan a florecer, como por ejemplo
en lugares donde los inspectores reciben sobornos para ignorar reglamentaciones
de construcción y planeamiento. Como resultado, cuando colapsan hogares de
construcción deficiente, se pierden vidas y hay cientos de heridos.
La corrupción en el sector de la construcción también daña el medio
ambiente. Muchos proyectos han progresado sólo porque se habían pagado
sobornos para pasar por alto peligros ambientales y sociales, a menudo por la
colusión de consultores que arriesgarían la
cancelación de proyectos futuros si no lograran apoyo para el interés de sus
clientes para promover inversiones en campos verdes. Entre los proyectos
manchados con acusaciones de sobornos se encuentran:
La
corrupción y la reconstrucción de post-guerra
Los desafíos que enfrentan los
países afectados por conflictos resultan formidables. La necesidad de medidas
anticorrupción es de particular importancia durante los primeros años
posteriores a la guerra. Uno de los principales peligros que la corrupción
impone es que los proyectos de infraestructura deben ser diseñados según las
necesidades de los funcionarios e instituciones facultadas,
más que por la población necesitada. Este riesgo es particularmente alto en el
caso de asistencia bilateral, cuando se busca que los grandes proyectos en
realidad aumenten el retorno de capital al país donante, a través del uso de
empresas de construcción provenientes de él.
Los
efectos adversos de la corrupción sobre los proceso de reconstrucción van más
allá de la reconstrucción física del país. Menos corrupción en la
reconstrucción de post-guerra significa no sólo asistencia más precisa, de
mejor calidad y más eficiente, sino también mayor contribución a la
transformación de la economía política local, y la consolidación de
instituciones estatales más efectivas y partidos políticos legítimos. Menos
corrupción ayudaría a consolidar finalmente la paz.
En
muchos casos, la corrupción aparece entre los factores que desencadenan las
revueltas políticas o permiten la escalada del conflicto, en primer lugar. Por
ejemplo, en Camboya, la corrupción de las autoridades locales y regionales, así
como también la participación de personas comunes en el sector maderero
benefició al Khmer Rouge, lo que sostuvo el conflicto por años.
La
falta de un compromiso sistemático para obtener transparencia en el proceso de
reconstrucción de Irak es tierra fértil para experimentar la corrupción a escalas
masivas dado que la ayuda monetaria fluye sin restricciones, sin garantías
institucionales o simples sistemas de inventario en los Ministerios o empresas
estatales. Otro factor es el legado de la corrupción del anterior régimen de
control sobre la economía, y la velocidad con la que
se introducen las nuevas políticas económicas. La rápida privatización, si
es aprobada por el FMI y el Club de París, de deudores oficiales como condición
para reducir y re-programar unos 120.000 millones de dólares de deuda externa,
podría incrementar las oportunidades de corrupción.
La
credibilidad de la comunidad internacional en su papel de contralor contra la
corrupción en Irak se ha visto afectada por el escándalo del programa de las
Naciones Unidas 'petróleo por comida', y la confidencialidad entorno a la
asignación de contratos lucrativos por el gobierno de Estados Unidos. Los
contratos fueron 'agrupados' de manera tal que las empresas más pequeñas no
pudieran competir; muchos tratos beneficiaron a empresas cercanas a individuos
ahora en el gobierno, tales como Halliburton y Bechtel; y comienzan a surgir
pruebas de ganancias excesivas de contratistas estadounidenses que subcontratan
sus obras a firmas locales a una fracción del precio que a ellos se les pagó. La
corrupción en el mundo
África
Hubo obstáculos significativos
en la lucha contra la corrupción en algunos países de África, y el continente
aún debe enfrentar muchos desafíos. La Convención de la Unión Africana sobre
la Prevención y la Lucha contra la Corrupción necesita ocho ratificaciones
para llegar a las 15 necesarias para entrar en vigencia.
La
credibilidad del gobierno de coalición de Kenya
de hacer las cosas según su campaña
anticorrupción se vio afectada por una serie de escándalos importantes
en 2004, incluyendo unos US $10 millones supuestamente acumulados en cuentas
bancarias por Ministros del Gabinete y US $24 millones de más pagados a
Anglo-Leasing para actualizar pasaportes. La confianza de la comunidad donante
en la estrategia del gobierno para combatir la corrupción a través de una
serie de leyes y entidades se ha visto severamente dañada por los escándalos.
El
caótico
proceso de reforma de tierras en Zimbabwe
ha paralizado la economía agrícola y ha privado al país de productos de
primera necesidad, tales como combustible y comida, así como también de
divisas extranjeras. Han surgido mercados informales para satisfacer la
necesidad de productos básicos y divisas. Muy pocas personas, empresas o hasta
instituciones gubernamentales podrían sobrevivir sin tener que recurrir a estos
mercados ilegales. La nota positiva es que se designó un nuevo gobernador del
banco de divisas con nuevas
facultades con el objetivo de sanear el sector financiero.
Se
necesitan reformas institucionales, legales y judiciales urgentes en la República
Democrática del Congo, pero serán difíciles de lograr dada la precaria
situación política de post-guerra. Muchos de los líderes del gobierno de
transición actual han sido acusados de enriquecimiento ilícito durante el
conflicto. Las compras públicas aparecen como un área clave para la reforma.
Las medidas anticorrupción se aplican a los contratos financiados por los
donantes internacionales, pero sólo el 3% de los contratos ejecutados por las
autoridades del Congo incluyen licitaciones.
La creación de la nueva Comisión
Superior de Burkina Faso para la
Coordinación de Actividades Anticorrupción se tomó con optimismo, y el éxito
de la más amplia estrategia del país respecto de la lucha contra la corrupción
se encuentra íntimamente relacionado con la habilidad de este nuevo organismo
para tomar casos de corrupción de alto perfil y asegurarse de que el trabajo
sea visible. La insistencia de la comisión en la publicidad de los informes de
progreso de casos de corrupción resulta positiva, como lo es la política
nacional anticorrupción presentada en abril de 2004.
Los
estudios de varios organismos internacionales sobre la corrupción en la industria
forestal de Camerún forzaron al
gobierno a crear una nueva unidad para la lucha contra la corrupción en el
sector. Sin embargo, el hecho de que la unidad fuera creada dentro del
Ministerio Forestal, de escasos recursos –el mismo lugar donde ocurrirían
muchos de los supuestos casos de corrupción– ha desvanecido las expectativas
respecto de la efectividad del nuevo equipo. La corrupción Policial continúa siendo una de las mayores preocupaciones en el
período revisado. En Marzo de 2004, los conductores de taxis se declararon en
huelga, denunciando el acoso policial y demandado que se respetara la tarifa
impuesta por el Estado para las multas.
Asia/Pacífico
La corrupción en las elecciones
fue una gran preocupación en varios países de la región. En las elecciones
nacionales del julio de 2003 en Camboya,
se emitieron informes con gran cantidad de votos comprados, violencia e
intimidación de las partes involucradas, en particular en áreas rurales. El
partido gobernante Cambodian People’s
Party era acusado de la mayor parte de estas acciones. Las elecciones
interrumpieron prolongados debates sobre una ley anticorrupción, una demanda
clave de la sociedad civil, aunque el proyecto en estudio es muy débil y no
logra cumplir con los requerimientos de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción.
La
compra de votos también resultó un problema en Indonesia
en las elecciones presidenciales de
julio de 2004, según informes
preparados por la comisión general de supervisión electoral y entidades de
monitoreo tales como Transparency International Indonesia. La débil ley de
financiación de campaña de 2003, que no fue sancionada por que no establecía
la presentación de cuentas ni la divulgación de información sobre los
donantes, apenas pudo disuadir a los partidos de no sobornar al electorado.
Existen pruebas de que la corrupción ha sido descentralizada junto con el
poder, desde el final del mandato de Suharto en 1998.
El
contralor independiente de los gastos electorales en Sri
Lanka descubrió una cantidad de irregularidades en la elección de abril de
2004, incluyendo el abuso de los recursos estatales –en particular los medios
del Estado– que iban a parar a la campaña.
En
India, las elecciones parlamentarias
de noviembre de 2003 fueron la primera prueba de los requisitos impuestos a los
candidatos participantes de declarar sus niveles educativos, antecedentes
penales, activos y pasivos financieros. La información obtuvo amplia difusión
en los medios y fue monitoreada por las ONG.
La
inestabilidad política y la aparente falta de preocupación del electorado
acerca de los antecedentes penales de los aspirantes a cargos no hacen más que
contribuir con los altos niveles de corrupción e impunidad en Vanuatu. El
anterior Primer Ministro Barak Sope fue sentenciado en 2002 a tres años de
prisión por falsificar garantías gubernamentales. Sin embargo, un año después
fue elegido para ocupar un escaño vacante en el parlamento. El Presidente
Alfred Maseng Nalo fue elegido en 2004, mientras cumplía una sentencia
suspendida por corrupción.
Muchos
países sancionaron normas para proteger a los informantes
en 2003–04. El gobierno Indio
sancionó una resolución respecto de los informantes en abril de 2004, que
aunque fue bienvenida, es más débil que el proyecto de ley redactado por la
Comisión India de Leyes, en la actualidad bajo la lupa del gobierno. La
protección a los informantes también fue aprobada en Japón en junio de 2004 y será implementada a partir de 2006.
Sri
Lanka evaluó su Poder
Judicial, donde el Instituto Marga realizó una encuesta de jueces en
ejercicio y jubilados, lo que proporcionó pruebas suficientes sobre la percepción
del público respecto de la extensiva corrupción en el Poder Judicial. De los
50 jueces encuestados, 41 reportaron 226 incidentes de sobornos dentro del Poder
Judicial. Ha habido dos intentos de llevar ante la corte a la jueza Sarath Nanda
Silva por cargos de obstrucción de la justicia, violación de la constitución
y abuso de poder. En ambas ocasiones, el Presidente disolvió el parlamento
antes de que los procesos fueran completados.
El
gobierno Vietnamita ha afirmando en
varias ocasiones su determinación de terminar con la corrupción y, como prueba
de su compromiso con este objetivo, ha juzgado a varias figuras reconocidas. Con
un control estricto sobre los medios, son muy pocas las investigaciones sobre
los actos ilícitos cometidos por funcionarios de alto rango, por lo que se
corre el riego de que las investigaciones permanezcan selectivas.
En
2004, se creó una comisión anticorrupción en Bangladesh
para reemplazar la ya desacreditada Oficina anticorrupción. La comisión tiene
extensas facultades de investigación, pero su autonomía es limitada. El
Presidente designa un comisionado y el gobierno controla su presupuesto. El
Ministerio de Planeamiento introdujo nuevas reglamentaciones respecto de las compras
para promover la transparencia y responsabilidad, pero se hacen excepciones
significativas en temas de seguridad de estado y gastos militares.
Indonesia emitió un nuevo
decreto presidencial sobre las compras públicas en diciembre de 2003, para
crear una nueva oficina de contralor, lo que requiere plena divulgación de toda
la información sobre la licitación.
Se
introdujeron nuevos lineamientos respecto de las compras en China que coincidían con la Ley de Compras del Gobierno de 2003.
Una de las áreas que presenta mayores preocupaciones es el sector de la
construcción, en especial debido a los gastos masivos en la infraestructura
para los Juegos Olímpicos de 2008. El gobierno de Pekín y el comité
organizador de los Juegos estableció un departamento de auditoría y supervisión
para controlar oportunidades de negocios por unos US $16.000 millones, para
inversores nacionales y extranjeros.
Europa
La corrupción ha sido el puntapié para el cambio político
en partes de Europa Central y
Oriental. El Presidente de Georgia
Mikhail Saakashvili llegó al poder en enero de 2004 con la promesa de eliminar
la corrupción como medida prioritaria. Duras acciones contra cinco funcionarios
de alto rango del gobierno de Shevardnadze se ganaron la confianza del público
en general y de la comunidad internacional, lo que llevó a la renovación de
algunos préstamos internacionales para el país. Sin embargo, la sociedad civil
comenzó a demostrar su preocupación por cómo se habían afectado los derechos
civiles y humanos durante la ferviente campaña anticorrupción.
En
Rusia, el avance del Presidente
Vladimir Putin contra la corrupción se vio empañado por tener como objetivos
selectivos a sus oponentes políticos, entre ellos, el más notable Mikhail
Khordorkovsky, Presidente del gigante petrolero Yukos. Se estableció una nueva
comisión presidencial con el objetivo de eliminar la corrupción, pero con
facultades que sólo incluían aconsejar al Presidente sobre medidas
anti-soborno. Los salarios de los empleados públicos aumentaron ostensiblemente
a lo largo de 2004, en un esfuerzo para terminar con la posibilidad de extorsión
con sobornos dentro de la administración pública.
Muchos
países introdujeron una amplia gama de leyes anticorrupción
durante el período en cuestión. La nueva ley anticorrupción de Azerbaijan
entró en vigencia en enero de 2005, dentro de un marcado escepticismo acerca de
si se traduciría en acciones concretas para terminar con la corrupción, dadas
las fallas en la ley en sí y antecedentes sobre el deficiente cumplimiento de
la ley en el país. La ley crea nuevos organismos anticorrupción, pero los hace
depender del Poder Ejecutivo.
Inglaterra
continúa los debates sobre el
proyecto de ley anticorrupción, publicado en marzo de 2003, pero el futuro de
la ley permanece incierto. Es criticado por no poder proporcionar una clara
definición de la corrupción con términos que serían fácilmente
interpretados por las agencias de cumplimiento y el público en general.
Algunas iniciativas regulatorias intentaron terminar con la corrupción en la política. Una serie de nuevas leyes adoptadas por
el parlamento Rumano apunta a limitar
el abuso del mandato político. Lo que incluye la restricción de la inmunidad
parlamentaria, nuevos requisitos de divulgación de información sobre los
candidatos a un cargo político y un código de conducta para los empleados públicos.
En
febrero de 2004, se adoptaron las enmiendas a las leyes de financiación de los
partidos políticos, estableciendo límites a los gastos, prohibiendo las
donaciones corporativas, y fijando amplios requisitos respecto de la información
y los mecanismos de control. La ley es una de las más adelantadas de la región.
Serbia
adoptó una nueva ley de financiamiento para partidos políticos, que introdujo
el financiamiento público de los partidos políticos. No obstante, las lagunas
legales y los términos ambiguos acerca del compromiso del Estado de
proporcionar fondos a los partidos limitaron el impacto en las elecciones
presidenciales de junio de 2004. Asimismo, la comisión electoral carece de
recursos para verificar los informes financieros presentados para la campaña.
Eslovaquia
introdujo una nueva ley sobre los conflictos de interés, junto con la fuerza de
la coalición de la sociedad civil, Alianza – Basta de Conflictos de Interés.
Finalmente, la ley fue adoptada en mayo de 2004, pero es significativamente más
débil que la versión propuesta por la ONG y el Ministerio de Justicia. Los
mecanismos de implementación se ponderan a favor de los funcionarios públicos,
y el alcance de la ley deja afuera a muchos sectores gubernamentales y empresas
estatales de relevancia.
En
Croacia, los esfuerzos de lobby de la
sociedad civil dieron sus frutos en octubre de 2003 cuando se sancionaron las
leyes de derecho de acceso a la información y conflictos de interés en el
ejercicio de un cargo público. Ambas leyes son más débiles que las versiones
sugeridas por la sociedad civil, y hay indicios de que las leyes no están
siendo respetadas. En su primer año de implementación, las autoridades públicas
omitieron publicar el informe anual de las actividades, mientras que la comisión
encargada de supervisar los conflictos de interés no tenía asignado un
presupuesto y todavía tenía que ser constituida legalmente.
La
independencia del Poder Judicial continúa siendo un problema en muchos
países y podría resultar un obstáculo a medida que Rumania se prepara para integrar la Unión Europea en 2007. Los
legisladores parecen no tener mucha voluntad para otorgar independencia
financiera al Poder Judicial. En la República
Checa, el Poder Judicial fue puesto bajo la lupa de la sociedad por actuar
en acuerdo con los administradores de procesos de bancarrota con quienes habían
supuestamente compartido los activos retenidos en casos de bancarrota
lucrativos.
La corrupción en el sector
privado nunca abandonó los
titulares. Uno de cuatro líderes empresarios en Noruega
declara que hay corrupción en su sector de la industria, y uno en diez admite
que afecta a su empresa, según una encuesta realizada por la empresa
aseguradora más grande de Noruega, Gjensidige NOR. La encuesta se realizó con
posterioridad a la cobertura de una serie de casos que incluían la fijación de
precios, licitaciones fraudulentas, enriquecimiento ilícito, impuestos, fraude,
contabilidad fraudulenta, y pedido de sobornos.
En
Polonia, las investigaciones de
Rywingate –productor de cine que intentó sobornar a miembros del parlamento
para que votaran en contra del proyecto de ley de propiedad de medios–
llegaron a su fin, no sin promover investigaciones de más denuncias por
sobornos pagados por grupos de lobby privados, en particular de los sectores
farmacéuticos, de bio-combustibles, y teléfonos móviles.
Se
supone que se pagaron sobornos para construir un nuevo estadio de fútbol en
Munich, para hospedar el partido inaugural de la Copa Mundial de Alemania 2006. Se decía que la empresa austriaca Alpine había
pagado unos 2,8 millones de euros por información clasificada que la llevó a
adjudicarse el contrato. Los políticos volvieron a pedir la confección de una
lista negra de empresas condenadas por corrupción, aunque la propuesta debe ser
aún tratada seriamente en el ámbito federal.
En
Irlanda, los sondeos oficiales sobre
la influencia de los negocios en la política, en curso desde 1990 continúan
desenvolviendo redes complejas de pagos encubiertos a políticos y funcionarios
públicos. El progreso ha sido lento y las investigaciones por sobornos a los
funcionarios de planeamiento de Dublín continúan.
En
cuanto al sector financiero,
Inglaterra continúa demostrando una doble norma para la corrupción doméstica
e internacional. No está claro si los nuevos controles anticorrupción para el
Departamento de Garantías de Créditos a las Exportaciones, con el que los países
en desarrollo tienen el 95% de las deudas con Inglaterra, se aplicará con el
rigor necesario para evitar otorgar préstamos a proyectos lucrativos que
estuvieran plagados de prácticas corruptas.
Turquía
ha adoptado nuevas leyes para tipificar la información falsa brindada por los
bancos y para mejorar la supervisión bancaria una vez descubierto que algunos
de los bancos más grandes del país estaban apropiándose de depósitos o bien
utilizándolos para obtener créditos. En los últimos siete años, el Estado ha
tenido que asumir unos 22 bancos cuyos propietarios y altos
ejecutivos están en juicio por enriquecimiento ilícito, a expensas del
bolsillo público, por unos 42.000 millones de dólares.
América
La relativamente limpia imagen de
Canadá se vio afectada por un
escándalo que involucraba la apropiación y uso ilícito de una gran suma de
fondos públicos en el departamento de obras públicas. Se intentaba crear una
percepción más positiva sobre el gobierno federal de Quebec dado el escaso
margen para la derrota de 1995 en el referéndum por la soberanía, y el dinero
llegó a las agencias de publicidad –algunas de ellas con conexiones políticas–
a través de esquemas que incluían sobrefacturaciones, facturas falsas y
contratos ficticios. Como resultado, se introdujeron una serie de reformas
institucionales que incluían una mejor protección a los informantes y nuevos
procedimientos de designación de ejecutivos para las empresas estatales.
Se
realizaron elecciones
en
Argentina y Panamá. La nueva ley
de finanzas políticas en Argentina fue probada por primera vez en abril de 2003, pero los
resultados de un análisis de los informes financieros y esfuerzos paralelos de
supervisión muestran que mientras es positivo que las partes tengan que
presentar sus informes financieros, estos informes por lo general no guardan
mucha relación con la realidad.
La
corrupción acaparó el centro de la escena en las elecciones en Panamá
de mayo de 2004, con cuatro candidatos que prometían acciones concertadas para
terminar con los sobornos. Resta ver si el ganador, el Presidente Torrijos,
tiene la voluntad política de traducir sus promesas en acciones. Los altos
niveles de fraude electoral y las acusaciones de irregularidad en la financiación
de las campañas electorales de 2004 llevó la reforma electoral a un ocupar
lugar prioritario en la agenda pública.
El
Poder Judicial resultaba un tema de preocupación en varios países. En Nicaragua, a pesar de la presión del G8, las principales fuerzas
políticas no lograron aprobar la nueva ley que introduciría los procedimientos
de contratación transparente y competitiva y que requeriría que la Suprema
Corte renunciara a sus facultades actuales para administrar las designaciones y
los salarios.
En
2002, el Presidente Argentino Néstor
Kirchner motivó el proceso de acusación de jueces que habían sido elegidos
por el ex Presidente Carlos Menem. En 2003-04, se implementaron nuevos
procedimientos de designación de los jueces de la Suprema Corte. Para el público
en general, estos nuevos procedimientos brindan la oportunidad a comunidades
legales, académicas y de la sociedad civil de presentar objeciones a las
nominaciones a la Corte Suprema.
La
debilidad del Poder Judicial respecto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del
gobierno resulta evidente en Bolivia
donde la inmunidad parlamentaria y una dócil comisión del congreso responsable
de investigar casos de corrupción de alto rango permiten que un caso de
corrupción presentado hace cinco años contra el anterior ministro de defensa
Fernando Kieffer permanezca estancado. También en Bolivia
el uso ilícito de fondos estatales resultaba evidente en varios estratos del
gobierno. Una acusación sobre un ministro de gobierno que se había apropiado
de fondos ministeriales instauró un debate acerca de la nueva ley, que daría
al auditor general y a la comisión legislativa facultades de control sobre el
uso de los fondos.
La
corrupción a nivel local fue el foco de las iniciativas en Colombia. Se pidió a los gobernadores e intendentes que firmaran
pactos de transparencia con organizaciones de la sociedad civil en un esfuerzo
por terminar con la corrupción a nivel sub-regional. No obstante, el éxito del
esquema fue limitado porque los términos del pacto resultan demasiado generales
para que su cumplimiento sea monitoreado con efectividad.
En
Perú, la corrupción en el ámbito
local también entró en escena dado que el gobierno central empezó a devolver
facultades a las regiones. Sin embargo, la velocidad con la que se implementó
la operación no dio tiempo suficiente para establecer mecanismos de control
para supervisar las nuevas instituciones del gobierno local, y un año después
ocho de 25 presidentes regionales eran investigados por corrupción y uno,
destituido por sobornos y enriquecimiento ilícito. Las nuevas instituciones no
logran proporcionar información a entidades de control y distritos acerca de
las operaciones.
La
lucha del gobierno de Brasil contra a
corrupción ha sido marcada por las reacciones a los escándalos más que por
esfuerzos por querer eliminar el problema de raíz. La corrupción en las
apuestas y el fútbol fueron los temas principales del período revisado, que
propició la investigación del Presidente de la Confederación Brasilera de Fútbol
y el ex entrenador de la selección nacional por fraude y apropiación ilícita
de fondos.
Los
escándalos de corrupción en Costa Rica
sirvieron para poner de relevancia la importancia del control independiente de
las compras gubernamentales. La administración de la seguridad social fue
acusada de aceptar sobornos para la adjudicación de un contrato de equipamiento
médico, lo que urgió a la legislatura a revivir los debates sobre un proyecto
de ley anticorrupción de seis años. La falta de independencia financiera
dificulta la existencia de una agencia de control efectiva y un instituto académico
encargado de controlar la agencia.
Argentina, Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Inglaterra, Burkina
Faso, Camboya, Camerún, Canadá, China, Colombia, Congo (DRC), Costa Rica,
Croacia, República Checa, Georgia, Alemania, Grecia, India, Indonesia, Irlanda,
Japón, Kenia, Latvia, Nicaragua, Noruega, La Autoridad Palestina, Panamá, Perú,
Polonia, Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Sri Lanka, Turquía, Vanuatu,
Vietnam, Zimbabwe.
PARA ACCEDER AL INFORME COMPLETO (EN INGLÉS) VISITE LA PÁGINA WEB: http://www.transparency.org
[1]
Ver el Índice de Fuentes de Soborno de Transparency International de 2002,
y el Control de Riesgos de Grupo 'Enfrentando la Corrupción', resumido en
el Informe Global de la Corrupción 2003 y 2004, respectivamente. [2] UNCTAD, Regulación y liberalización del sector de los servicios de la construcción y su contribución a los países desarrollados y en desarrollo (UNCTAD, 2000), disponible en www.unctad.org/en/docs/c1em12d2.en.pdf
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