Reiteramos nuestra decisión de impulsar la transparencia en la gestión pública mediante la participación ciudadana, el acceso a la información y la rendición de cuentas sobre todos los actos de la Administración Pública, y de propiciar que la lucha contra la corrupción pase a ser punto central de las agendas políticas a nivel local, regional y nacional.

          Además, manifestamos la necesidad de adoptar las siguientes medidas:

1. Agilizar los trámites y/o las medidas necesarias en cada país para ratificar, en su caso, e implementar de forma clara y efectiva (mediante plan de acción, cronograma e indicadores de seguimiento) las Convenciones Internacionales contra la Corrupción (ONU, Convención Interamericana, OCDE, etc).

2. Intensificar los esfuerzos de la sociedad civil para promover la aprobación en todos los países de una Ley de acceso público a la información.

3. Hacer legalmente obligatorias unas adecuadas prácticas de contabilidad y control interno de las campañas electorales por parte de los partidos políticos, así como hacer más transparente la información económico-financiera y presupuestaria de dichos partidos, de cara a fortalecer su imagen y dificultar las posibles prácticas de corrupción dentro de los mismos.

4. Crear o exigir una eficaz aplicación de aquellas normas que establecen la obligación de los partidos políticos de registrar y hacer públicas las donaciones recibidas.

5. Las Administraciones locales han de incrementar su nivel de transparencia y de información a la ciudadanía, divulgando aquellos aspectos sustantivos relacionados con su estructura, su funcionamiento y las decisiones sobre contrataciones, adjudicaciones, etc., con especial énfasis en los sectores que en cada país presenten unos mayores indicios de corrupción.

6. Reformar el Servicio civil en numerosos países iberoamericanos, propiciando una serie de medidas que permitan llegar a un servicio civil profesional que otorgue un mínimo nivel de consistencia, de eficiencia administrativa a largo plazo, y una estabilidad profesional de los servidores públicos.

7. Promover en el sector empresarial la emisión de Códigos éticos de conducta que regulen sus actuaciones y la aplicación de programas antisoborno y anticorrupción, tanto a nivel interno como frente al público usuario de sus servicios.

8. Generar información confiable y difundirla creativamente para estimular el interés de la población en la lucha contra la corrupción, y poner a disposición de uso público las herramientas e instrumentos de monitoreo y vigilancia anticorrupción que surjan de los distintos estudios locales.

9. Compartir y compilar las buenas experiencias en cada país sobre transparencia, reducción de la corrupción y mejora de la calidad de los servicios públicos.

10.Fomentar los programas de capacitación en las entidades públicas, ONG´s, y otras instituciones de cara a una lucha conjunta e integral contra la corrupción.