La TRANSPARENCIA INFORMATIVA Y ÉTICA SOCIAL

Una serie de fenómenos indeseables en el sector financiero internacional ha determinado que la transparencia informativa se haya constituido en objeto de preocupación preferente para políticos y economistas y en centro de atención para periodistas e inversores, es decir, para la sociedad en general, alertada por unas actividades que por su magnitud constituyen un serio riesgo para todos.

Ahora bien, un enfoque correcto de los hechos nos obliga a plantearnos diversas cuestiones relacionadas con eso que se denomina “transparencia informativa”, la primera de las cuales es sencillamente qué se quiere decir con tal expresión, que de una parte aparece unida a la idea de información y por otra, a la  veracidad como derecho y garantía.[1]

Y no concluye aquí nuestra tarea, ya que también se nos antoja necesario fundamentar su necesidad, es decir, hallar la razón de su exigencia funcional, ya que parece que se trata más de una especie de moda que de una exigencia esencial y que su conexión con la responsabilidad social corporativa, es puramente arbitraria y una especie de plus propio de una sociedad que ya no siempre sabe qué hacer con sus excedentes  materiales.

¿Qué quiere decir “transparencia informativa”?  La pregunta no es baladí porque en ella se hallan involucradas numerosas cuestiones que afectan incluso a la legitimidad de la existencia de los entes colectivos formales. A diferencia de las personas, estos entes son creaciones artificiales del hombre, han nacido para hacerle la vida más fácil, grata y confortable y precisan, en consecuencia, justificar a cada instante su existencia. Mientras que sería absurdo exigir a una persona individual que justificara su existencia, no lo sería, por el contrario exigírselo a un ente colectivo formal (una persona jurídica), cuya existencia sólo se legitima en función de su conducta, que debe ser expuesta socialmente por medio de los correspondientes procesos de información. Se trata, pues, de aportar los elementos necesarios para hacer posible el juicio público; en definitiva, una rendición social de cuentas.

En cualquier caso, conviene no desconocer que la transparencia informativa tiene unos precedentes históricos importantes. Ya Augusto Comte, fundador y padre de la Sociología, decía que las organizaciones debían tener el techo de cristal, a fin de que todo el mundo pudiera contemplar su interior.                                        

En este sentido la primera obligación de una organización consiste en informar a la sociedad en la que se halla incardinada de sus actividades, a fin de que ésta pueda pronunciarse acerca de la legitimidad de su actuación y emitir el fallo correspondiente. Es la función informativa que, en la sociedad de nuestro tiempo, constituye una función cardinal de los entes colectivos formales y es el núcleo de la llamada responsabilidad social corporativa, cuestión que vamos a abordar a continuación.

Para empezar, comencemos por determinar lo más exactamente posible en qué consiste esa responsabilidad.

Entendemos por responsabilidad social corporativa el conjunto de obligaciones que pesan sobre las entidades de este carácter, algunas de las cuales todavía no han sido asumidas  por el ordenamiento jurídico pero se hallan más o menos implícitas en lo que algunos autores denominan la “norma de cultura”. La sociedad considera que la asunción de estas obligaciones debe formar parte de una conducta socialmente responsable y, en consecuencia, aceptable para la misma.

No obstante, un conjunto de circunstancias desafortunadas ha desviado el verdadero objetivo de esta responsabilidad hacia campos que, aun siendo importantes, han impedido un desarrollo pleno de su contenido, infinitamente más rico.[2]

Aunque tal vez sean el patrocinio, mecenazgo y los aspectos ecológicos y de respeto al medio ambiente, los que han acaparado en gran medida los temas de la responsabilidad social corporativa, como hemos apuntado en la nota al pie de página, enmascarando lo que debe ser el fin último de este tipo de responsabilidad, no por ello han agotado los factores que han distorsionado el concepto y la función de esta clase de obligación moral.[3]

Otro de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta, al examinar los factores que involucra la necesidad de la denominada transparencia informativa, es que ésta afecta no sólo al ámbito empresarial privado y más en concreto a las organizaciones financieras, sino también a todo el tejido social, Cierto que es en aquél en el que se ha manifestado con mayor urgencia, pero ello no significa que la monopolice; se trata de una necesidad global del mundo económico y aún político y social, siquiera sea en el ámbito financiero donde se expresa hoy con mayor rotundidad. 

Como conclusión de nuestras  reflexiones y en aras de la brevedad, sostenemos en primer lugar que hoy más que nunca es necesario y urgente que el mundo corporativo asuma la obligación de informar a la sociedad en general y a los sectores afectados más directamente en particular de su conducta y que lo haga profesionalmente, es decir, con  genuina honradez y con  arreglo a las técnicas de información que la comunicología ha alumbrado.

En segundo lugar, sostenemos así mismo que la adopción comprometida de una “cultura moral” y democrática sería, incluso, más eficaz que las exigencias de los códigos de buen gobierno y leyes de transparencia en vigor, en una sociedad que destila una alarmante carga de corruptelas y  riesgo de posibles manejos en la sombra de información privilegiada.[4]

Por último, sostenemos también que el fundamento de la exigencia de una información clara y responsable, o transparencia informativa, se halla en la llamada responsabilidad social que afecta a todos los entes colectivos formales (instituciones y organismos de supervisión y control, etc....) y que constituyen, en última instancia, la expresión de las ideas y creencias del cuerpo social.

Nuestras autoridades de control de los mercados de valores, no cejan en su empeño en tratar de salvaguardar el interés público mediante la implementación de normas de buen gobierno corporativo, rubricadas con la reciente Ley de Transparencia de obligado cumplimiento por parte de las empresas que cotizan en Bolsa.

Normas que ganarían sobre todo eficacia, si la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidiera completarlas mediante la adopción  de un sistema de transparencia informativa completo, de “disclosure”, ya en vigor, desde hace tiempo, en los mercados financieros de Nueva York, Londres y Frankfurt, que permitan a las empresas cotizadas el  pleno ejercicio de libertad de expresión y de libre circulación  de la información, dentro de un genuino espíritu de libertad, el principio esclarecedor de “toda la información, para todos y al mismo tiempo”, prescindiendo de “controles sanitarios”.

Esto supondría también, liberar a las empresas cotizadas del freno que supone no poder difundir sus “hechos relevantes”  hasta que nuestra CNMV los incorpore en su página web, lo que implicaría a su vez descargar a este organismo de la responsabilidad que conlleva el control de información tan preciada.

La comunidad financiera nacional e internacional y los medios informativos darían su bienvenida a  este avance, que supondría ciertamente un logro muy positivo en nuestros mercados financieros. Continuará.

Indalecio Díaz